Suelen inundarnos nuestros gobernantes en época electoral de promesas y proyectos futuros financiados con el dinero de todos como quien habla de repartir caramelos. El canto de sirena con el que nos atrae el gasto público se conjuga con el afán de los políticos de crear una buena imagen de campaña para ganar las elecciones. ¿saben con quiénes los comparo yo? Con los malos padres. Al igual que es erróneo pensar que el mejor padre es aquel que da más regalos a sus hijos o que mejor profesor es aquel que exige menos para aprobar, es un ataque a la indepencencia del ser humano el considerar que podemos desarrollar nuestra vida con lo que a la fuerza se le arrebata a nuestros conciudadanos. Dormir con la conciencia tranquila a sabiendas de este hecho es un comportamiento sospechoso de cleptomanía. Y si encima es usted el político que se encarga de robar y repartirlo, el delito se agrava sobremanera. Los políticos tratan de hacernos creer, y lo consiguen, que son necesarios para nuestra vida cotidiana, que de sus acciones depende nuestro futuro y que las cuestiones que ponen sobre la mesa para que la sociedad discuta poseen una existencia vital. Nos dan a elegir entre A,B y C, pero no nos cuentan que las tres propuestas diferentes están montadas sobre una plataforma que ni es necesaria, ni legítima y que adolece de una dudosa utilidad.
Para ilustrar el párrafo anterior voy a sacar a la palestra un tema que sigue siendo objeto de debate si bien no tanto en España como en otros países europeos. Se trata del matrimonio homosexual. Tanto partidarios como detractores nos hacen creer que éste es un verdadero problema y que el Estado tiene el deber de aprobarlo o prohibirlo. Pero la realidad es que ambas opciones parten de una necesidad inventada. Esta necesidad es la de que el Estado debe regular el matrimonio, que debe decir quién puede casarse y quién no. Los matrimonios son un asunto religioso y el Estado no tiene derecho alguno a regular la situación entre dos personas a no ser que una persona esté coartando la libertad de la otra. Mientras tanto cada uno puede casarse con su novio, su novia, su peluche o su almohada si así lo desea. Además, tiene el derecho de llamarlo como quiera. Este es sólo un ejemplo de todas las trampas que nos ponen los políticos para que creamos que tienen alguna utilidad.
Asimismo, la ciencia económica nos ha demostrado que la labor que teóricamente desempeñan los políticos la pueden realizar los empresarios, de manera más eficiente y beneficiándose por ello las dos partes. Los empresarios detectan las carencias de las sociedad y las eliminan ofreciendo un producto que la sociedad reclama, beneficiándose ellos mismos, arriesgando su dinero y no el de los demás, como hacen los políticos. No hay nada en el terreno económico que el Estado pueda hacer y cada vez que se interrumpe el curso natural de la libertad humana, se generan los problemas que nos encierran en un discurso limitado a lo que se oferte en el mundo político.
El intervencionismo, sobre todo el económico, trata de controlar la vida de los ciudadanos a larga distancia. Esto hace que no se conozcan con precisión las carencias y apetencias de la sociedad. Es por esto que a mayor intervencionismo estatal, mayor falta de previsión y más posibilidades de caer en el déficit. Los keynesianistas a menudo le han quitado hierro al asunto, pero a continuación les voy a explicar por qué el déficit y la consecuente deuda lleva a la esclavización de la sociedad.
En primer lugar, porque a las familias se les exige que no gasten más de lo que reciben y el Estado debe estar sujeto a los mismos criterios. Cuando los estados se endeudan, lo que potencialmente estamos haciendo es vender nuestra soberanía a los países compradores de deuda y en el futuro nos preguntaremos por qué tal o cual país nos domina desde el punto de vista financiero. Este es el caso de los EE.UU. Durante finales del siglo XIX y el siglo XX los países europeos se embarcaron en decenas de guerras, provocando un enorme déficit. Los Estados Unidos se convirtieron en el banco de todos estos países ofreciendo préstamos y comprando deuda. Es habitual encontrar ciudadanos indignados porque nuestra política económica la dictan los presidentes de Estados Unidos. Ahí tenemos la respuesta. En el siglo XXI la situación ha dado un vuelco y ahora es China quien se está haciendo con nuestra deuda, mientras los EE.UU entran en guerras que están minando las arcas públicas del Estado. Cuando dentro de varias décadas, China dicte nuestra política económica, tendremos que oír las lamentaciones por la invasión extranjera. Espero que entonces, si no ya, hagamos una importante reflexión sobre lo que significa gastar más de lo ingresado.
Por último lugar, tenemos un problema de egoísmo moral cuando ya no sólo pedimos, sino que además exigimos que las próximas generaciones paguen los platos rotos de las primeras. Al igual que los ecologistas afirman apuntándonos con el dedo que no le podemos dejar un mundo tan sucio y contaminado a nuestros hijos, ¿por qué no se alzan también voces en contra del déficit, de la esclavitud económica y del latrocinio estatal? Creo que no podemos separar la libertad social de la libertad económica, pues ambas forman parte de un todo, esto es, el libre albedrío.

necesidades; cómo se gestionan los recursos de la misma, utilizando para ello el estudio antropológico y psicológico del hombre. Se intenta conocer cúal es la forma más idónea en el ser humano de organizar la sociedad, de forma que se satisfagan lo mejor posible las necesidades. Necesidades en el sentido más amplio de la palabra: seguridad, estima, autoestima, autorrealización, integración, etc. A más necesidades satisfechas, más felicidad. Por eso, suele vincularse bienestar económico (no dinerario) con felicidad, fin último del hombre.
El neoliberalismo es un sinónimo a liberalismo, libertarianismo o minarquismo. El liberalismo, para ser más exactos, defiende, al igual que en la Revolución Francesa en 1789 o en la Independencia estadounidense en 1776 la abolición del autoritarismo. Del mismo modo que un ser maduro deja el hogar de sus padres para independizarse y autoadministrarse, el liberalismo pide la supresión de la coacción institucional del Estado para lograr, por voluntad propia, la felicidad individual. Por tanto, si aplicamos rigurosamente la lógica, todo aquel que no defienda el (neo)liberalismo, como si un síndrome de Estocolmo padeciese, debe estar a favor del paternalismo, de la coacción, de la agresión institucional, de la dictadura y, en definitiva, de la supresión de derechos.
Como todos sabemos, la felicidad es subjetiva, lo que implica que la forma más adecuada para lograr la felicidad (tanto del individuo, como de la sociedad) es la libertad, la inexistencia de coacción. El Estado no me conoce tanto como yo a mí mismo y, por lo tanto, no tiene más derecho que yo a decidir sobre mí. Este es el principio del último movimiento económico con más éxito de la historia de la humanidad. Y no es ideología, ni sospecha en una noche de Luna llena; es ciencia.

Por ejemplo, las empresas públicas (RENFE, Correos, Aena, etc.) no son eficientes: pertenecen a todos, es decir, a nadie. Mientras Inditex intenta, por todos los motivos, aumentar el bienestar del cliente para que acuda a su tienda (y, así, obtener los consiguientes beneficios), RENFE no tendrá estos incentivos (los de mejorar a la sociedad, para obtener beneficios) porque, en primer lugar, las empresas públicas están cercanas al monopolio y, en segundo lugar, las pérdidas de estas empresas son sufragadas por el propio Estado. En definitiva, la función empresarial, de competencia, de obtener beneficios, de crear y entregar valor al cliente, no será prioritaria. Por este motivo, a todos los individuos les conviene la privatización.

De este modo, si el medioambiente pasara a convertirse en propiedad no común y, consiguientemente, cada empresa estuviese recompensada por su aportación no lesiva al medio, se produciría un giro de 180º: todas las aguas descontaminadas, más capa de ozono que nunca, sistema de efecto invernadero optimizado, congelación de las fluctuaciones climáticas. No obstante, hacer llegar el Capitalismo a todos y cada uno de los lugares también parece una utopía. Desconvertir los bienes comunes por antonomasía es realmente complicado, por lo que, en estos bienes, es dónde únicamente el Estado podría intervenir (impuestos verdes, subvenciones en energía renovable, …) convirtiendo, así, en lucrativo la purificación de lo común (sanidad, educación, medioambiente, …). La solución está en convertir en rentable aquello que no lo es para las empresas, pero que, sin embargo, si lo es para el conjunto de los seres vivos. En rigor: capitalizar lo común.