Un juez ante la justicia.

Todo lo que concierne a la guerra civil española, afecta directamente a la ciudadanía. Es un tema que levanta ampollas y esto ha sido aprovechado tanto por políticos –de todas las tendencias–  y jueces tendenciosos. La guerra civil ha sido un pasado trágico con atrocidades cometidas por ambos bandos –republicano y nacional– y que mantuvo y sigue manteniendo a España dividida en dos. En la Transición Española, se realizó la Ley de Amnistía en 1977 para olvidar este pasado e iniciar una nueva etapa política en la que el concepto “dos Españas” no tuviera cabida en la sociedad.

El juez Baltasar Garzón, se ha saltado la ley; el juez ha delinquido saltándose la ley de 1977 con el consiguiente levantamiento de la población, la “clase política” y los medios de comunicación; los tres sectores divididos. Unos optan por defender al juez imputado y otros optan por el amparo a la imputación del juez. Los que defienden a Garzón se resguardan en las leyes que no están inspiradas en la ética o no tienen validez en el contexto actual. Los que denuncian la actitud de Baltasar arguyen que la ley debe ser cumplida por cualquier ciudadano bajo cualquier concepto y máxime si se trata de un juez, un referente para la sociedad.

Los defensores del jienense pretenden que no sea juzgado ni condenado. Ahora bien, podrá ser honesta o no esta ley, podrá ser válida o no; pero es ilegal y la justicia funciona así: aquel que incumple la ley –sea cual sea– debe ser juzgado y condenado. Por tanto, el argumento es inválido.  Primero habría que suprimir la ley y luego se podrá actuar libremente.

Algunos defensores del imputado juez, están convencidos de que hay una persecución contra él. Pues bien, esto ha sido desmentido por el propio abogado de Garzón que dijo: “no hay ninguna persecución contra él pues tiene tres causas pendientes desde tres orígenes distintos”. Efectivamente, tiene tres causas pendientes –negocios con dinero ilícito, escuchas ilegales e incumplimiento de la susodicha ley–. Asimismo, se han publicado artículos alegando que, por el mero hecho de que asociaciones fascistas como Falange Española hayan denunciado al juez, ya la denuncia es inválida. Esta actitud es puramente española. ¡Qué razón tenía Ortega cuando dijo que los españoles hacemos más caso a la persona que dice algo que a lo que dice!

Está claro, la Falange Española ha denunciado por miedo a que salgan a la luz verdades que puedan afectarle, pero resulta que, esta vez, las leyes les dan la razón. No obstante, la ley debe cumplirse bajo cualquier concepto, para eso está. Si una ley está amparando a asociaciones fascistas e impide el descubrimiento de la verdad, habría que decirle en una palabra a los responsables legislativos: quítenla.

El juez Baltasar Garzón llegando a los juzgados.

Se podría hacer una comparativa entre los juicios de Núremberg en Alemania y los crímenes cometidos durante la guerra civil y el franquismo. En muchos países se ha juzgado los crímenes cometidos anteriormente ¿por qué no España? Pues bien, la situación de España es algo distinta. Entre la guerra civil y el franquismo hay unos cincuenta o sesenta años de por medio, existe una ley de amnistía la que ha amnistiado a personas que todavía siguen vivas como Carrillo. Por tanto, si esa ley se suprime personas como Santiago Carrillo deben ser juzgadas.

Quiero desde aquí responder a los garzonistas que apelan a la ética. Para apelar a la ética hay que hacerlo en todos los campos, no se puede tener ni una doble moral ni una visión sesgada que, por cierto, el mismo juez tiene. ¿Que por qué es sectario? Porque atiende a su interés personal, cosa que muchos jueces –sobre todo los altos– suelen hacer. Por ejemplo, investigó el conocido caso GAL con el que pretendió imputar al presidente Felipe González Márquez. Llegó a sentar en el banquillo al ministro del interior de González, pero la jugada no le salió todo lo bien que quiso y, posteriormente, decidió alistarse a las filas del PSOE que luego abandonó para volver a dedicarse a la justicia. Lamentablemente, no se ha dedicado todo lo bien que uno quisiera: ha reabierto heridas en la sociedad española y está siendo juzgado. Mire usted y a ver quién me lo rebate, este juez hace caso omiso a la justicia, tiene intereses claramente personales, imparte «justicia» favoreciendo al partido que esté en el poder . Mejor que juez, yo le llamaría leguleyo.

El imputado junto a el presidente del que fue su partido.

En conclusión, un juez por el mero hecho de serlo tiene que ser objetivo, no actuar por ideo- logía propia. Un juez es el que interpreta las leyes, no el que se las salta.