La reforma de la Constitución es urgente

Desde que se aprobó la moderna Constitución de 1978 en España, han pasado 33 años sin actualización alguna de la misma. Mientras que, cara al texto más importante de nuestro país, no se ha producido ningún cambio; nuestra nación ha experimentado profundas transformaciones estructurales.

No se trata exclusivamente de tres décadas cualquiera, sino de mucho más: en aproximadamente treinta años, España ha pasado de una dictadura socialista, a una sociedad democrática y liberal. Este es el motivo fundamental que deja obsoleto el texto. La Constitución, que merece una actualización urgente, fue concebida tras la caída de una dictadura que duró cuarenta años*; es decir, fue creada con el principal objetivo de lograr una transición sin incidentes. Y logró su objetivo: la transición española fue ejemplar, en lo que a política se refiere, y, de hecho, se estudia en las facultades de sociología como un modelo a seguir.

Con esto, no digo que la Constitución no fuera prospectiva, sino que las circunstancias del momento obligaron a centrarse más en el espíritu de transición, tras cuarenta años de dictadura. Ahora, sin embargo, nos encontramos con más de treinta años de democracia con la misma Constitución, inalterada, que tras la caída del régimen franquista.

¿Por qué necesita reformarse?

En primer lugar, en consecuencia con lo anteriormente expuesto, el sistema electoral que se ideó en 1978, que en aquella época respondía a una necesidad, ahora es necesariamente prescindible. El esquema político que se diseñó fue el de favorecer sobremanera a los dos partidos mayoritarios, perjudicando, en consecuencia, a los partidos minoritarios. Además, se sobrevaloraron los votos de unos españoles con respecto a otros, dando lugar a que el voto, por ejemplo, de un catalán valiese ocho veces más que el de un andaluz. Por eso, además de reformar la Constitución, hay que modificar la Ley Electoral.

En segundo lugar, la ciudadanía española merece que la Constitución se amolde a la actualidad, ya que el sistema autonómico español, a medio camino entre un estado federal y un estado central, perjudica enormemente todo el cuerpo social del estado, en especial al tejido económico. Con este sistema autonómico (por cierto, asimétrico, donde una comunidad autónoma discriminarse, como por ejemplo Andalucía) las funciones se triplican, pues una misma competencia es asumida tanto por el gobierno central, por el autonómico e, incluso, por el provincial. En consecuencia, se produce un gasto público triplicado. Y este sistema, en épocas de crisis económica, agudiza el problema de la economía española aún más, alejándonos paulatinamente, cada vez más, de Europa.

 

Estado autonómico

Esto también repercute negativamente en la legislación, pues partidos nacionalistas (por ejemplo, CiU, PNV, etc.) están presentes en el parlamento nacional, influyendo decisivamente en los acuerdos parlamentarios. Es decir, partidos que pertenecen a una región concreta de España, influyen en todo el país. En consecuencia, pueden darse episiodios en los que estos partidos nacionalistas perjudiquen al país, con tal de conseguir réditos en su región. Esto es gravísimo y no es un caso aislado. Por ejemplo, el PNV apoyó los presupuestos generales del Estado de 2011 (que se aprobaron por un voto de diferencia), si, como contrapartida, el Gobierno otorgaba privilegios al país vasco (en concreto, fue más protección social a los parados del país vasco, que al resto de los del territorio nacional). Y esta es la razón que explica, el porqué de que en el Senado se hablen multitud de lenguas, con multitud de traductores, con un gasto de trece mil euros por sesión, cuando los senadores pueden, perfectamente, hablar en español; en cambio, no se hace porque hablar en la lengua regional les otorga beneficios políticos. Un claro ejemplo de que el sistema autonómico no es ni eficaz, ni eficiente.

Imaginémos, en EEUU, que el gobernador de California influyera en las políticas que repercuten en Iowa. ¡Qué locura! Pues esto mismo es lo que sucede en España.

En tercer lugar, la Constitución debe de ser modificada, para disminuir la concentración de poder que adquieren los gobernantes y, sobre todo, los privilegios que adquieren los políticos. Porque, cuando ser político tiene una rentabilidad desorbitada, deja de ser demandada la profesión por razones de talento, para convertirse en un modo de invertir. En la política se accede, contra natura, mediante poder o dinero, en lugar de talento, formación, esfuerzo, mérito o validez. En este sentido, nuestros representantes legislativos no deben tener ningún privilegio, sino que su retribución debe estar armonizada con respecto a su formación, responsabilidad y beneficios que aportan a la sociedad. Y, actualmente, la situación de los políticos dista mucho de ésta.

Por tanto, estamos en condiciones de afirmar que la Constitución española, actualmente vigente, no responde a las necesidades actuales, y debe ser reformada para eliminar los desequilibrios autonómicos, electorales y la partitocracia, que tanto daño está provocando en los últimos años.

*Fíjese el lector que, si consideramos el lapso desde el inicio del franquismo hasta ahora, España ha convivido más tiempo en una dictadura, que en una democracia.