La reforma de la Constitución es urgente

Desde que se aprobó la moderna Constitución de 1978 en España, han pasado 33 años sin actualización alguna de la misma. Mientras que, cara al texto más importante de nuestro país, no se ha producido ningún cambio; nuestra nación ha experimentado profundas transformaciones estructurales.

No se trata exclusivamente de tres décadas cualquiera, sino de mucho más: en aproximadamente treinta años, España ha pasado de una dictadura socialista, a una sociedad democrática y liberal. Este es el motivo fundamental que deja obsoleto el texto. La Constitución, que merece una actualización urgente, fue concebida tras la caída de una dictadura que duró cuarenta años*; es decir, fue creada con el principal objetivo de lograr una transición sin incidentes. Y logró su objetivo: la transición española fue ejemplar, en lo que a política se refiere, y, de hecho, se estudia en las facultades de sociología como un modelo a seguir.

Con esto, no digo que la Constitución no fuera prospectiva, sino que las circunstancias del momento obligaron a centrarse más en el espíritu de transición, tras cuarenta años de dictadura. Ahora, sin embargo, nos encontramos con más de treinta años de democracia con la misma Constitución, inalterada, que tras la caída del régimen franquista.

¿Por qué necesita reformarse?

En primer lugar, en consecuencia con lo anteriormente expuesto, el sistema electoral que se ideó en 1978, que en aquella época respondía a una necesidad, ahora es necesariamente prescindible. El esquema político que se diseñó fue el de favorecer sobremanera a los dos partidos mayoritarios, perjudicando, en consecuencia, a los partidos minoritarios. Además, se sobrevaloraron los votos de unos españoles con respecto a otros, dando lugar a que el voto, por ejemplo, de un catalán valiese ocho veces más que el de un andaluz. Por eso, además de reformar la Constitución, hay que modificar la Ley Electoral.

En segundo lugar, la ciudadanía española merece que la Constitución se amolde a la actualidad, ya que el sistema autonómico español, a medio camino entre un estado federal y un estado central, perjudica enormemente todo el cuerpo social del estado, en especial al tejido económico. Con este sistema autonómico (por cierto, asimétrico, donde una comunidad autónoma discriminarse, como por ejemplo Andalucía) las funciones se triplican, pues una misma competencia es asumida tanto por el gobierno central, por el autonómico e, incluso, por el provincial. En consecuencia, se produce un gasto público triplicado. Y este sistema, en épocas de crisis económica, agudiza el problema de la economía española aún más, alejándonos paulatinamente, cada vez más, de Europa.

 

Estado autonómico

Esto también repercute negativamente en la legislación, pues partidos nacionalistas (por ejemplo, CiU, PNV, etc.) están presentes en el parlamento nacional, influyendo decisivamente en los acuerdos parlamentarios. Es decir, partidos que pertenecen a una región concreta de España, influyen en todo el país. En consecuencia, pueden darse episiodios en los que estos partidos nacionalistas perjudiquen al país, con tal de conseguir réditos en su región. Esto es gravísimo y no es un caso aislado. Por ejemplo, el PNV apoyó los presupuestos generales del Estado de 2011 (que se aprobaron por un voto de diferencia), si, como contrapartida, el Gobierno otorgaba privilegios al país vasco (en concreto, fue más protección social a los parados del país vasco, que al resto de los del territorio nacional). Y esta es la razón que explica, el porqué de que en el Senado se hablen multitud de lenguas, con multitud de traductores, con un gasto de trece mil euros por sesión, cuando los senadores pueden, perfectamente, hablar en español; en cambio, no se hace porque hablar en la lengua regional les otorga beneficios políticos. Un claro ejemplo de que el sistema autonómico no es ni eficaz, ni eficiente.

Imaginémos, en EEUU, que el gobernador de California influyera en las políticas que repercuten en Iowa. ¡Qué locura! Pues esto mismo es lo que sucede en España.

En tercer lugar, la Constitución debe de ser modificada, para disminuir la concentración de poder que adquieren los gobernantes y, sobre todo, los privilegios que adquieren los políticos. Porque, cuando ser político tiene una rentabilidad desorbitada, deja de ser demandada la profesión por razones de talento, para convertirse en un modo de invertir. En la política se accede, contra natura, mediante poder o dinero, en lugar de talento, formación, esfuerzo, mérito o validez. En este sentido, nuestros representantes legislativos no deben tener ningún privilegio, sino que su retribución debe estar armonizada con respecto a su formación, responsabilidad y beneficios que aportan a la sociedad. Y, actualmente, la situación de los políticos dista mucho de ésta.

Por tanto, estamos en condiciones de afirmar que la Constitución española, actualmente vigente, no responde a las necesidades actuales, y debe ser reformada para eliminar los desequilibrios autonómicos, electorales y la partitocracia, que tanto daño está provocando en los últimos años.

*Fíjese el lector que, si consideramos el lapso desde el inicio del franquismo hasta ahora, España ha convivido más tiempo en una dictadura, que en una democracia.

Majestad, ¿hasta cuándo?

Actualmente, el controvertido debate república o monarquía toma con el tiempo mayor importancia. Quizá esto sea así porque la monarquía es un régimen político del pasado y que únicamente tiene razón de ser como elemento simbólico.

Antes de la industrialización, la mayoría de los países eran monárquicos. El poder era absolutamente unipersonal, que pertenecía al rey, y hereditario. Posteriormente, los beneficios sociales y la democracia surgida tras la primera industrialización europea (1870) vació al mundo de necesidad monárquica. El poder público, por definición, debía pertenecer ya al pueblo y éste no debía de ser oligárquico y, mucho menos, perteneciente a una persona.

¿Qué explica que todavía  países  como Reino Unido o España continúen con la monarquía? Quizá por respeto al pasado o como elemento simbólico, que suele aportar beneficios en las relaciones internacionales. Hasta este punto, parece que la monarquía no presenta ningún problema.

Sin embargo, este régimen político es tremendamente peligroso desde distintos puntos de vista. En una monarquía, por muy parlamentaria que sea, el poder reside en última instancia en el rey y, si éste decide adueñarse del poder público o no sancionar las leyes que el parlamento aprueba, está en su pleno derecho; así lo establece la Constitución española de 1978.

Obviamente se da por sentado que el rey es una mera figura sin competencias y que nada va a hacer, pero, como hemos visto, puede que esto no ocurra así. Además, suponiendo que el rey no intervenga en el poder, ¿por qué razón entonces es el mayor representante de la nación?

En España, la situación es aún más controvertida. Incluso se dividen los monárquicos en estrictamente monárquicos y juancarlistas, que apoyan al rey Juan Carlos por el importante papel que asumió en la transición española, tras la muerte de Franco. Ciertamente, los españoles tienen que estar muy agradecidos. Pero, ¿es esta razón suficiente para mantener un régimen político cuyas funciones son incompatibles con la política internacional del momento? La soberanía española, a la muerte del vigente rey, tendría que tomar parte en este asunto y decantarse o por las razones subjetivas (la familia real jugó un papel importante; la monarquía es un elemento consustancial a España; etc.) o por las razones objetivas (el siglo XXI exige cada vez más democracia; la elección debe ponderarse por encima de la sucesión hereditaria; el dinero público no debe destinarse a actividades insustanciales, de mera apariencia; etc.)

 

Don Juan Carlos I, rey de España.

En este debate suélese presentarse como alternativa la república, aspecto crítico en el contexto español. La gran mayoría del pueblo español considera que los excesos republicanos irrogaron la guerra civil, quizá sea esta la razón que explica que república adquiera en España una tonalidad izquierdista y monarquía derechista. Pero, insisto, si se pretende avanzar, mejorar, perfeccionar (que, por cierto, es lo que se pretende en toda nación) las anclas en el pasado no sirven, sólo debe importar la visión de futuro hasta donde el horizonte termine. De modo que, haciendo abstracción del pasado español, monarquía y república no implican en absoluto una ideología de izquierdas o de derechas. Bien sabemos que una cosa es ser autoritario o democrático y otra es serlo o de izquierdas o derechas (palabras que cuanto más se analizan más vacías de contenido están).

Tras este análisis, es evidente que aquellos que prefieran el mejoramiento (la aplastante mayoría de los integrantes de cualquier nación) deberán decantarse por la opción republicana. Pero, quizá, la población española no esté preparada todavía para un cambio que, simbólicamente, presenta un giro de 180 grados. Todavía está muy presente el guerracivilismo para una fluctuación de tal magnitud.

En definitiva, la destitución de la monarquía es necesaria para que la nación sea más autosuficiente; pero, posiblemente, de momento, la población no sepa digerir estos cambios de buena manera.

República sí, pero luego.