Si no supiera economía, estaría en contra de los recortes.

Así es. Seguramente, si no hubiese estudiado muchas de las leyes que se dan en la interrelación entre individuos, si no supiera cómo funcionan muchos de los procesos de mercado más sencillos que se pueden dar, seguramente en este momento estaría manifestándome por las plazas españolas enfurecidamente contra los recortes presupuestarios, no sólo de gobierno de Zapatero y Rajoy, sino de prácticamente todos los gobiernos del mundo.

¿Cómo podría en ese caso aceptar una bajada del 5% del salario de mi madre en el año 2011, otro 5% en este año 2012, una subida del IRPF, dos subidas del IVA (la de Zapatero y la que probablemente vendrá este verano)? ¿Cómo voy a estar a favor de que me suban las tasas universitarias y me aumenten los niveles académicos para que me den beca? ¿Cómo voy a aceptar, tan defensor de la ciencia como yo soy, un recorte en la inversión en I+D+i del 25% en plena recesión? ¿Estoy tonto o qué!

La respuesta es muy sencilla. Empecemos por los orígenes. El sector público español ha sido el principal beneficiario de la burbuja inmobiliaria, de la exuberancia irracional, que se produjo desde el año 2001 hacia el año 2008, donde la recaudación crecía anualmente por encima del 10%. Esta exuberancia irracional permitió que el sector público se expandiese de forma inusitada, incrementando y creando nuevos derechos sociales, aumentando las becas, reduciendo tasas, bajando impuestos, aumentando subvenciones, etc. Y todo ello no porque el político fuese un buenazo, sino porque con ello captaría votos y accedería al poder.

Actualmente, la economía esta recobrando la racionalidad y estamos volviendo a tener los pies en la tierra. ¿Qué era eso de poderse comprar varias casas sin tener trabajo, ni ingresos, ni avales? Incluso he conocido casos extremísimos en los que una familia, al no tener dinero para comprarse una vivienda, optó por comprarse dos a crédito, vender la segunda casa a un precio mayor en el futuro, y con ese beneficio pagar la primera casa. Eso se acabó: el precio de la vivienda está bajando poco a poco a su valor real. El millón de casas que hay ociosas refleja que no es posible crecer construyendo más casas, pues es algo que no está demandado, y, por tanto, sobran trabajadores y empresas de la construcción y aledaños.

Por este motivo, el sector público ha experimentado una caída en los ingresos de enormes proporciones (las mismas proporciones a los que crecían durante la burbuja). Por ello, de la misma manera que el sector público se hipertrofió en la época de la abundancia, ahora debe de ajustarse a la realidad y atrofiarse: reducir y eliminar derechos sociales, reducir subvenciones, recortar en las partidas que antes crecían, etc.

Si no supiera nada de la burbuja, de la crisis, de los ingresos y gastos, ahora, en lugar de escribir esto, estaría manifestándome, enfudado en una camiseta verde.

Pero, además, ¿qué ocurriría si el sector público decide mantener el nivel que tenía durante la burbuja y decide no recortar y no ajustarse a la realidad de la actividad económica? Pues que ese Estado tendrá déficit, es decir, gastará más de lo que ingresa. Y eso es lo que muestran muchos Estados: no se han ajustado todavía a la realidad económica, presentando abultados déficits.

“Bueno, ¿y qué?” –podría preguntarme, si no supiera el efecto que tiene esto sobre las propias cuentas públicas.

Lo que ocurre es que, como es lógico, nadie puede gastar algo que no tiene. Si quiere gastar más de lo que ingresa, tendrá que pedirlo prestado. En el momento que alguien se convierte en deudor, pasa a estar sometido a su acreedor. El acreedor puede, en cualquier momento, decidir no prestar más dinero, si no le interesa, pues el dinero es suyo. Además, nadie es tan tonto de dar mil euros a un desconocido para que se los devuelva dentro de diez años. Obviamente, dentro de diez años quiere que le de, unos 1.300€, es decir, con un interés al no disponer del dinero durante todo ese tiempo. Y si, además, existe el riesgo de que no se devuelva el dinero que prestó, el interés subirá.

Y, en este sentido, no es extraño encontrar en las leyes, artículos como el siguiente, para evitar que el ahorrador deje de prestarle dinero al Estado:

El pago de los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones Públicas gozará de prioridad absoluta frente a cualquier otro gasto.

Artículo 14 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

¿Qué pretendo decir con esto? Pues que no ajustarse a la realidad, no reducir el tamaño del sector público, tiene un precio: dedicar en el futuro más fondos a pagar la deuda y sus intereses, quedando cada vez menos dinero para prestaciones sociales y otros conceptos. Es decir, no recortar es comprar tiempo presente, pagándolo con nuestro futuro. Dicho de otro modo: es mantener nuestro nivel de gasto actual, a costa de reducirlo mucho más en el futuro. En definitiva: no recortar es recortar mucho más en el futuro.

Pero, además, sabemos que los recursos que van al Estado, dejan de ir a otros lugares. Si el estado requiere más fondos para su funcionamiento, el resto de la sociedad los perderá en incremento del sector público. Por este motivo, recortar en el Estado, también equivale a canalizar más recursos hacia el sector privado.

Por ejemplo, el gasto en I+D+i estatal no presenta una clara correlación con los resultados en investigación. Por mucho que el Estado gaste, esto no va a asegurar que se obtengan mejores resultados. Además, ¿qué sabe un político en qué y en qué no debe de destinar el dinero en un país? Es imposible que su decisión sea acertada, pues no conoce las circunstancias particulares de cada necesidad de desarrollo tecnológico, ni de cada investigador, ni de cada laboratorio, etc.

Todos los estudios sobre el tema demuestran que la mejor innovación es la que se produce en el seno empresarial, en la parte privada de la economía, donde se inicia una investigación tras el descubrimiento de un problema o una necesidad latente y no al revés como ocurre en el Estado: buscar necesidades latentes para justificar una innovación previa.

Por tanto, que el Estado recorte en I+D+i supone abrir paso al sector privado, más eficiente en este capo, en el desarrollo.

¿Qué producto revolucionario conocen que se haya desarrollado en un Estado? A mí no me viene a la mente ninguno. ¿Y en el sector privado? Tengo la mente llena de ejemplos: el automóvil, el ordenador, el libro electrónico, etc.

En definitiva, estoy seguro que si no hubiese estudiado economía, si no viera todo lo que existe en el mercado más allá de la provisión pública, desearía justamente lo contrario de lo que deseo actualmente: aumentar el gasto en todas las partidas, las subvenciones, dar más becas, aumentar el número de funcionarios para absorber parados, incrementar el salario mínimo, etc.

Como sentenció Mario Vargas Llosa en su último artículo:

Intentar lo imposible sólo da excelentes resultados en el mundo del arte y de la literatura; en el de la economía y la política sólo trae desastres. Y la prueba es la crisis que ahora vive Europa, y, en ella, principalmente, los países que gastaron más de lo que tenían, que construyeron Estados benefactores ejemplarmente generosos pero incapaces de financiar, que se endeudaron más allá de sus posibilidades sin imaginar que también la prosperidad tiene límites, que inflaron sus burocracias a extremos delirantes y ocultaron la verdad de la deudas y la inminencia de la crisis hasta el borde mismo del abismo por temor a la impopularidad. Todo eso tarde o temprano se paga y no hay manera de evitarlo.

Mario Vargas Llosa

El desafío político y económico del euro.

La constitución Unión Monetaria Europea (UME)  es uno de los acontecimientos históricos más importantes de los últimos tiempos, y que podrá significar un antes y un después en la historia de la política mundial, tanto si el proyecto fracasa como si termina teniendo éxito.

La cuestión es paradójica. Prácticamente, el mundo desarrollado (América, Europa, Asia y Australia) se debate por dos modelos de política financiera: la austeridad o el gasto público. El país que teóricamente es el que más libertades individuales debería tener, se ha decantado por la política del gasto público, incrementando el poder gubernamental sobre el ciudadano. Y, sin embargo, el continente que históricamente se ha mostrado más intervencionista, se ha decantado por la política de austeridad, desincentivando el poder estatal sobre la moneda y la emisión de déficits.

Aunque cabe señalar que la Unión Europea es una amalgama de dos visiones distintas de Europa: la socialista y la liberal. En el Tratado de Roma (1957) se estableció la libre circulación de personas y de todo tipo de mercancías, mostrando la vertiente liberal de Europa. La Política Agraria Común (PAC) es tremendamente proteccionista, gravando los productos de fuera de Europa ostensiblemente (condenando a muchos países al subdesarrollo) y protegiendo a los agricultores de forma irracional (todos aquellos productos que no fuesen vendidos en el mercado por los agricultores, la UE se los compraría y los almacenaría, y posteriormente serían eliminados).

  • La introducción del euro

Richard von Weizsäcker, que fue presidente de Alemania desde 1984 hasta 1994, afirmó en 1997: “El euro es el precio de la reunificación”. Y no le falta razón. Las épocas anteriores demostraron que el nacionalismo económico desencadenaría graves conflictos en Europa, perjudicando al conjunto. Cuando una nación se hacía fuerte económicamente, las otras la miraban con recelo. A Alemania lo último que le interesaba eran los conflictos internacionales, pues, hacía muy poco, su país había sido ocupado por cuatro naciones diferentes: Norteamérica, la URRS, Inglaterra y Francia. Por tanto, era muy probable que si llegase a convertirse en una gran potencia económica, los conflictos volviesen a repetirse.

A Margaret Tatcher no le entusiasmaba incluso la idea del euro, por el miedo a que se convirtiera en una gran potencia unificada. Propuso en 1989 un modelo de unión monetaria donde diversas monedas compitiesen entre sí a la vez. Esto hubiera sido muy positivo para el ciudano, pues si el Banco Central deprecia una moneda, la gente cambiaría de moneda simplemente. Hubiera sido una forma de encorsetar el yugo que los gobernantes tienen sobre la ciudadanía. Este modelo que fue aceptado por el Bundesbank, fue denegado por el gobierno alemán.

El euro por tanto fue una forma de ceder al resto de países su fortaleza económica (el deutschmark) a cambio de estabilidad política. A los fraceses les interesaba especialmente esa fortaleza monetaria, y a Alemania, por los momentos que estaba pasando, le interesaba la estabilidad política internacional.

De ahí la rapidez con la que se implantó el euro. El Tratado de Maastrich, que fijaba los requerimientos para entrar en el euro, no lo cumplía ningún país, excepto Luxemburgo. Alemania y Francia excedían el 3% de déficit. Italia el 60% de la deuda pública.

Además, el Banco Central Europeo (BCE) disminuyó significativamente los tipos de interés para favorecer a las naciones «problemáticas» la adhesión al club de la moneda única. E incluso se conoció en el 2010 que Grecia pactó con Goldman Sachs para que ésta, mediante mecanismos contables enrevesados y derivados, pudiese hacer cumplir al país con Maastrich.

Quizá si el euro se hubiese introducido cinco o diez años después, los países que realmente tenían gran interés en entrar en el euro hubiesen hecho las reformas estructurales necesarias para cumplir con los requisitos. Y no hubiese tampoco hecho falta la bajada de los tipos de interés del BCE, que, por otra parte, incentivó las burbujas que actualmente estamos viviendo en el sur de Europa.

  • El Banco Central Europeo

Como se demostró históricamente con la crisis de 1929 (donde cayeron de la noche a la mañana varios miles de bancos) y con la crisis del “corralito” argentino en el 2001, un sistema financiero con reserva fraccionaria caería como un castillo de naipes tras la explosión de una burbuja, de no ser por la existencia de un “prestamista de última instancia” o Banco Central.

Los bancos crean dinero de la nada prestando los depósitos de sus clientes, generando inversiones sin sentido, que terminarán en una crisis económica, dejando a los bancos sin activos. Los depositantes se asustarían y acudirían a recoger su dinero, llevándose la sorpresa de que no está allí. El banco quiebra y se sucede una oleada de “pánicos bancarios”. Para evitar esto, el Banco Central imprime dinero, que se lo da a los bancos de una u otra forma, “recapitalizándolos” e impidiendo la quiebra del sistema. Obviamente, esto se trata de una redistribución de riqueza de la población (pérdida de capacidad de poder adquisitivo por la inflación generada por el Banco Central) hacia los bancos (ganancia al obtener nuevos fondos emitidos por el Banco Central).

El Banco Central también se ha convertido en un instrumento para financiar los déficits de los diferentes países. En el caso de EE.UU. la Reserva Federal compra directamente el 40% de los bonos emitidos por el gobierno federal, reduciendo el interés de los mismos por debajo del 2%. Esta política, a su vez, y como hemos comentado anteriormente, genera inflación, reduciendo el valor real de la deuda pública. Es lo que se denomina «impuesto inflacionario».

Asimismo, se exige por ley que los bancos contengan en su balance un determinado porcentaje de activos de alta calidad (como la deuda pública). Y, por otro lado, el BCE acepta como colateral para dar fondos a los bancos el que tengan deuda pública en sus balances. En definitiva, el BCE evita los pánicos bancarios y financia los déficits de los Estados, a costa de reducir la capacidad adquisitiva de la población.

En un principio, Europa era menos alocada que EE.UU. en la forma de utilizar el Banco Central. Por ejemplo, no se permitía que el BC comprara directamente los bonos de los países. Aunque con la crisis de deuda soberana, el BC cedió a regañadientes a comprar bonos estatales. En algunos casos se compraron casi la totalidad de los bonos emitidos por el Estado, como Portugal (19 billions de 21 billions emitidos).

Y, para evitar que todos los países aumentaran sus déficits con la seguridad de que el BCE se los financiaría, se establecieron en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento límites en los déficits públicos (concretamente tendrían que mantenerse en el 3%).

Esta es la razón por la que los países más disciplinados en política financiera rechacen la idea de los Eurobonos, pues reduciría los incentivos a reducir el déficit y se crearía una especie de “tragedia de los bienes comunes”, donde todo el mundo buscaría beneficiarse lo más posible de la financiación de los déficits públicos por parte del BCE, dañando a toda la eurozona.

  • La competitividad de la Eurozona

A pesar de que Europa mantiene un fuerte proteccionismo frente al exterior (que se va reduciendo poco a poco), lo cierto es que el libre comercio en el interior de Europa genera una fuerte competencia positiva, que incentiva el progreso.

Se sabe que para que exista un déficit comercial, otro país tiene que tener un superávit comercial, pues lo que uno importa de más, otro lo exporta y viceversa. Es decir, para que un país sea competitivo, tiene que haber otros que no lo sean, porque la competitividad se mide en relación al resto de países. Concretamente la competitividad sería lo caro o lo baratos que son los productos de un determinado país (varía en función de los precios nacionales y del tipo de cambio). Por ejemplo, China es altamente competitiva, mientras que Suiza no lo es tanto.

En el caso europeo, Alemania es especialmente competitiva con respecto a los países del sur de Europa. En Alemania hay más capital, lo que permite a sus trabajadores hacer más trabajo, con menos esfuerzo. Además los salarios se han ido incrementando moderadamente, al mismo tiempo de que Alemania es un país bastante ahorrador, lo que genera inversiones productivas (el ahorro está relacionado con el crecimiento económico a largo plazo).

Los países del sur presentan altos niveles de salarios, ya que tienen un fuerte poder sindical y mercados laborales muy rígidos, que restringen el número de empleados a cambio de incrementar los salarios. Asimismo, y al contrario que Alemania, son menos competitivos.

Esto origina que todos los países con déficit comercial intenten incrementar su competitividad y terminar logrando superávit (España está a punto de conseguirlo en estos momentos). Esto originará que los países que peor lo hagan tengan incentivos para imitar a los que mejor lo hacen, originándose un efecto feed-back positivo, que incentiva el progreso.

En el caso de Grecia, al adoptar el euro desde una moneda tan devaluada, la competitividad de Grecia era muchísimo más reducida que países como Alemania, lo que le originaría unos déficits comerciales enormes. Esto tendría tres soluciones rápidas: bajar los salarios, aumentar los subsidios a los trabajadores o incrementar el empleo público. Y Grecia optó por las dos segundas soluciones.

A fin de reducir los graves desequilibrios entre los países de la eurozona que se pudieran establecer, la canciller alemana Angela Merkel abogó por un Pacto por la Competitividad, que incluyera la armonización de los impuestos de todos los países, que la edad de jubilación en todos los países fuese la misma (70 años), que los salarios se ligasen a la productividad y no a la inflación, frenos a la deuda pública, control de los presupuestos antes de ser aprobados y sanciones a los países incumplidores.

  • El euro como corsé para los políticos

Como defiende el economista Jesús Huerta de Soto en uno de sus últimos artículos, mientras no sean abolidos los Bancos Centrales, la reserva fraccionaria y el establecimiento del patrón oro, habría que encorsetar las acciones de los políticos y los gobernantes, para que no incrementen los déficits desmesuradamente, ni hagan políticas inflacionistas o cualquier otra que sea negativa a largo plazo (aunque tenga ciertos efectos positivos a corto plazo, que al político le vienen bien para ganar las elecciones).

En este sentido, el euro elimina el recurso a la devaluación y a la inflación que los gobernantes tenían anteriormente para aplazar las reformas, posponer los problemas a largo plazo, hacer demagogia y financiar sus déficits. Y este es el aspecto más positivo del euro aunque, como hemos comentado anteriormente, el BCE sigue financiando, aunque a regañadientes, el déficit público, ya sea de forma directa o indirecta.

 

  • Dificultad para dejar el euro

En cierto sentido, el euro se asemeja a una secta secreta: es muy fácil entrar, pero prácticamente imposible salir de la unión monetaria.

En primer lugar, si se saliese del euro, habría que establecer una moneda local, de valor mucho más bajo y desconocido. En segundo lugar, los Tratados de la UE no contemplan ningún mecanismo para que algún país sea expulsado del euro.

En tercer lugar, la salida del euro plantearía efectos muy perniciosos, para la economía del país saliente: aunque volver a una moneda más devaluada incentivaría las exportaciones a corto plazo; encarecería desorbitadamente las importaciones (perjudicando al consumidor); encarecería también el consumo interno (aumento fuerte de la inflación); el ahorro privado huiría hacia monedas más estables (pudiéndose producir un “corralito” como el de Argentina); se multiplicaría el valor de la deuda a pagar (esto provocaría impagos de la deuda, lo que perjudicaría al resto de naciones europeas, pues están enormemente expuestas a la deuda de los países mediterráneos); aumentaría el riesgo cambiario y los costes de transacción; y, por último, se originaría una revolución en la estructura de precios relativos, provocando desconfianza e inestabilidad entre los agentes de la economía (proveedores, empresarios, consumidores, acreedores, deudores, etc.).

En definitiva, mientras que en Europa actualmente se han puesto de manifiesto los problemas, intentando solucionarse con reformas estructurales a largo plazo que no se prestan a la demagogia, otros países posponen las reformas y establecen políticas cortoplacistas perniciosas a largo plazo. EE.UU. se endeuda cada vez más, lo que le hace depender el pago de los intereses de la deuda de la Reserva Federal y China, que compra gran parte de la deuda americana.

Esta es la razón por la que el euro, poco a poco, se irá convirtiendo en una moneda más fuerte frente al dólar. Mientras en Europa se hacen frente a los problemas con reformas en la economía real, allí se recurre a imprimir más dinero, al «impuesto inflacionario». A largo plazo, el dólar se habrá depreciado ostensiblemente, entre otras cosas, porque le es necesario para reducir el valor real de la deuda pública (como ha hecho el país a lo largo de su historia). Además -pongamos el caso-, si en China explota la burbuja inmobiliaria y se desencadena una fuerte crisis y el gobierno chino decide parar la compra de deuda estadounidense, EE.UU. lo va a pasar mal. La historia demuestra que las naciones que han dependido de la deuda, al final han terminado siendo dominadas por sus acreedores.

Y, como vemos en el siguiente gráfico, que refleja el decremento del déficit desde el año 2009 al 2011, todos los países de la Eurozona, incluyendo Grecia, están reduciendo con éxito todos sus déficits. Y destaca el ejemplo de Estonia y Lituania, que han reducido su déficit más de un 150%, y las tres presentan un crecimiento económico en 2011 bastante elevado: Lituania un 5,9% y Estonia con un 7,6%.

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El «mercado» de trabajo español: La ciudadela del empleo.

Tras la puesta de manifiesto, en el año 2008, de que la economía española estaba enferma, el pinchazo de la burbuja financiera y la consiguiente crisis económica que actualmente, en el año 2012, nos sigue asolando, el sistema bancario mundial dio un giro de ciento ochenta grados: se pasó de conceder créditos sin límite a restringir el crédito de manera desmesurada. Es lo que suele conocerse con el nombre «efecto acordeón».

En consecuencia, las empresas, además de ver reducidas estrepitosamente sus ventas, la financiación que provenía del sistema bancario también se desplomó. Esto llevó a que muchas empresas cerraran (la mayoría en el caso del sector de la construcción) y otras tantas tuvieran que reducir su dimensión para ajustarse a la nueva coyuntura, lo que implicaba reducir costes: reducir la producción, reducir los salarios, cerrar filiales, reducir plantilla, etcétera. Como todos sabemos, uno de los factores más importantes de la empresa y que mayores costes genera son los trabajadores, por lo que todas las empresas tuvieron que ajustar ahí.

Normalmente, en un mercado flexible y competitivo, el ajuste se realizaría en forma de precios. Es decir, al desplomarse la demanda de trabajadores por la crisis, el precio de contratar a un trabajador (salario) bajaría en proporción a esa bajada de la demanda. Dicho de otro modo, mayores índices de desempleo tirarían hacia la baja de los salarios. Esto permitiría a las empresas ajustarse mediante los salarios (vía precios) y no despidiendo a trabajadores (vía cantidades) y, además, reduciría el número de personas en paro. Es decir, se llegaría a un nuevo equilibrio en el mercado, para trabajadores y empresarios, más acorde con la situación actual.

No obstante, en España esto no fue así. El mercado laboral español era profundamente rígido, pues los salarios estaban fijados mediante un convenio firmado por los sindicatos y la patronal o, en su defecto, el gobierno. Es decir, miles de empresas, con sus trabajadores y empresarios, tendrían que cumplir los salarios que estipulase ese convenio. Esto provocó que, durante los años de la crisis, según la Comisión Europea, el coste laboral aumentase más de un 2,5%, mientras que en Europa lo hizo sólo un 0,5%. En definitiva, que si una empresa no puede reducir los sueldos, porque se lo prohíbe la legislación, para ajustarse a la crisis, quedan dos opciones: despedir o cerrar. Y esto fue lo que pasó: muchas empresas tuvieron que cerrar y otras muchas despidieron a una gran cantidad de empleados (lo que les ocasionaría también importantes costes por despido), llevando al país a unas cifras de paro disparatadas (actualmente cerca del 23%).

Y la gran pregunta en España es: ¿por qué no se han reducido los salarios?

Bill Gates

Mientras en Austria, por ejemplo, un 16% de las empresas se ajustaron reduciendo salarios y un 21% reduciendo plantilla, en España sólo un 6% pudo reducir el salario y un 68% lo hizo despidiendo. Ahora, mientras allí tienen un paro en torno al 5%, aquí lo tenemos del 23%. E, incluso, la OCDE afirma que España posee una cifra de desempleo estructural del 13%; es decir, que nunca podrá bajar de esa cifra.

Como consecuencia de todo lo anterior, casi el 75% de todos los despidos se corresponden con trabajadores temporales y jóvenes, ya que sus costes de despido son menores. Y en este punto se puede observar una cierta contradicción entre instituciones como los sindicatos. Por un lado, abogan por la igualdad de oportunidades, y, por otro, elaboran políticas que desigualan enormemente a los ciudadanos. Por ejemplo, se protege enormemente a los trabajadores fijos: dificultad máxima para despedirlos e imposibilidad de reducirles el sueldo. Esto no solamente tendrá como consecuencia una menor contratación de trabajadores fijos, sino que los trabajadores fijos tendrán mucho más poder sobre el resto (lo que se conoce como insiders) y que esta condición pase a ser un privilegio. En definitiva, mayor paro, menor contración, a cambio de mantener a una cantidad de trabajadores fijos con buen sueldo. 

No en vano, numerosos autores, consideran el mercado de trabajo español como «la ciudadela del empleo«, un lugar fortificado y seguro, pero pequeño, donde sólo unos pocos pueden acceder, mientras el resto permanece inaccesible.

Además, y por si todo lo anterior fuera poco, sabemos, por teoría económica, que el crecimiento económico se puede producir por dos mecanismos: por el aumento de la productividad (que los trabajadores trabajen más y mejor) o por el aumento del empleo. Y, si por legislación se impide la creación de empleo, también se está impidiendo el crecimiento económico y, en consecuencia, el desarrollo y el bienestar de la población.

Por otra parte, también existen otros problemas en el mercado de trabajo, que aunque no tan importantes como la rigidez comentada anteriormente, también son dignos de corregir. Son los denominados desajustes entre la oferta de empleo y la demanda del mismo o, dicho en el argot económico, mismatch. Es evidente que hay una demanda de trabajadores muy cualificados que, en nuestro país, pocos pueden acceder a tales puestos de trabajo, por el reducido nivel de nuestro sistema educativo. Y, por el contrario, existe una «masificación» en las universidades españolas, en tanto el nivel de licenciados supera con mucho a las ofertas de empleo. Este desajuste es muy negativo porque incentiva a que personas que no obtendrán trabajo de una determinada carrera a que la estudien, impidiendo acceder  puestos de trabajo más idóneos, y provocando una pérdida de tiempo y dinero irrecuperable.

La nueva Reforma Laboral recientemente introducida por el gobierno de Rajoy ha cambiado por completo este panorama, reduciendo rigideces que siempre han estado presentes en nuestro sistema laboral, incluso desde el régimen franquista. Por ejemplo, el convenio realizado a nivel de empresa prevalecerá sobre el firmado por los sindicatos a nivel nacional. Como vemos, es un buen instrumento para que las empresas adapten su situación de la mejor forma posible, evitando quiebras, despidos, ineficiencias e injusticias. También se facilita la flexibilidad en la entrada y salida de empleo, con la reducción del coste de despido y que, a partir de ahora, el despido se considerará procedente (en vez de improcedente), salvo prueba en contra.

Además, se incluye un contrato, que sólo podrán utilizar las PYMES, que no tendrá costes de despido e incluso estará exento de cotizaciones, a parte de incentivos fiscales a la contratación. En definitiva, una verdadera revolución en nuestro mercado de trabajo, si tenemos en cuenta que, desde 1984, no hay en España ninguna Reforma Laboral sustancial.

Aunque, no obstante, también, desde mi perspectiva, tiene algunos puntos negativos. Como, por ejemplo, la prohibición de encadenar varios contratos temporales. Esto provocará que se contraten a menos trabajadores, porque existen muchas empresas que contratan a gente sólo cuando la necesita y aún más en un mundo tan dinámico y globalizado como el actual.

Majestad, ¿hasta cuándo?

Actualmente, el controvertido debate república o monarquía toma con el tiempo mayor importancia. Quizá esto sea así porque la monarquía es un régimen político del pasado y que únicamente tiene razón de ser como elemento simbólico.

Antes de la industrialización, la mayoría de los países eran monárquicos. El poder era absolutamente unipersonal, que pertenecía al rey, y hereditario. Posteriormente, los beneficios sociales y la democracia surgida tras la primera industrialización europea (1870) vació al mundo de necesidad monárquica. El poder público, por definición, debía pertenecer ya al pueblo y éste no debía de ser oligárquico y, mucho menos, perteneciente a una persona.

¿Qué explica que todavía  países  como Reino Unido o España continúen con la monarquía? Quizá por respeto al pasado o como elemento simbólico, que suele aportar beneficios en las relaciones internacionales. Hasta este punto, parece que la monarquía no presenta ningún problema.

Sin embargo, este régimen político es tremendamente peligroso desde distintos puntos de vista. En una monarquía, por muy parlamentaria que sea, el poder reside en última instancia en el rey y, si éste decide adueñarse del poder público o no sancionar las leyes que el parlamento aprueba, está en su pleno derecho; así lo establece la Constitución española de 1978.

Obviamente se da por sentado que el rey es una mera figura sin competencias y que nada va a hacer, pero, como hemos visto, puede que esto no ocurra así. Además, suponiendo que el rey no intervenga en el poder, ¿por qué razón entonces es el mayor representante de la nación?

En España, la situación es aún más controvertida. Incluso se dividen los monárquicos en estrictamente monárquicos y juancarlistas, que apoyan al rey Juan Carlos por el importante papel que asumió en la transición española, tras la muerte de Franco. Ciertamente, los españoles tienen que estar muy agradecidos. Pero, ¿es esta razón suficiente para mantener un régimen político cuyas funciones son incompatibles con la política internacional del momento? La soberanía española, a la muerte del vigente rey, tendría que tomar parte en este asunto y decantarse o por las razones subjetivas (la familia real jugó un papel importante; la monarquía es un elemento consustancial a España; etc.) o por las razones objetivas (el siglo XXI exige cada vez más democracia; la elección debe ponderarse por encima de la sucesión hereditaria; el dinero público no debe destinarse a actividades insustanciales, de mera apariencia; etc.)

 

Don Juan Carlos I, rey de España.

En este debate suélese presentarse como alternativa la república, aspecto crítico en el contexto español. La gran mayoría del pueblo español considera que los excesos republicanos irrogaron la guerra civil, quizá sea esta la razón que explica que república adquiera en España una tonalidad izquierdista y monarquía derechista. Pero, insisto, si se pretende avanzar, mejorar, perfeccionar (que, por cierto, es lo que se pretende en toda nación) las anclas en el pasado no sirven, sólo debe importar la visión de futuro hasta donde el horizonte termine. De modo que, haciendo abstracción del pasado español, monarquía y república no implican en absoluto una ideología de izquierdas o de derechas. Bien sabemos que una cosa es ser autoritario o democrático y otra es serlo o de izquierdas o derechas (palabras que cuanto más se analizan más vacías de contenido están).

Tras este análisis, es evidente que aquellos que prefieran el mejoramiento (la aplastante mayoría de los integrantes de cualquier nación) deberán decantarse por la opción republicana. Pero, quizá, la población española no esté preparada todavía para un cambio que, simbólicamente, presenta un giro de 180 grados. Todavía está muy presente el guerracivilismo para una fluctuación de tal magnitud.

En definitiva, la destitución de la monarquía es necesaria para que la nación sea más autosuficiente; pero, posiblemente, de momento, la población no sepa digerir estos cambios de buena manera.

República sí, pero luego.