Los directores de la cultura

Cuando a uno le entra la vena cartesiana, se ve ante situaciones realmente grotescas, al no poder evitar cuestionarse los conceptos que se utilizan a su alrededor.

Me encontraba el otro día yo ojeando el periódico cuando me topé con una noticia en la que aparecía uno de los indignants afirmando, muy convencido él, que los tres derechos fundamentales de cualquier ciudadano eran la sanidad, la educación y la cultura.

Como el hábito es la llave que encierra los males, pues no hay mal que 100 años dure, pasé por alto el abuso del concepto «derecho», así como hice con el de las palabras sanidad y educación, cuyo maridaje con el término «derecho» se ha proclamado ya oficial.

Sin embargo, tuve que fruncir el ceño ante el supuesto derecho a la cultura. En primer lugar, me gustaría saber qué entendía ese muchacho por cultura. Como presumo que su ideario pertenecía al mainstream, concluyo que podría referirse a lo que popularmente se conoce como cultura, es decir, al connjnto de conocimientos científicos e históricos de los que se nutre la humanidad. Algo de cierto hay en esta definición, pero la verdad es que cultura, por etimología, es todo aquello que se cultiva, desde el conjunto de conocimientos que necesita el carpintero para realizar su profesión hasta los Pilares de la Tierra, pasando por el fútbol y la telebasura. Así, se habla de cultura española, cultura punk o cultura literaria.

Ciertamente, cuando se habla de derecho a la cultura, la pregunta que se extrae de lo anteriormente explicado es ¿a qué campo de la cultura? ¿A los partidos del Madrid, a los libros de Reverte o a las patadas al diccionario de Belén Esteban?

Como ven, cultura es todo lo que se aprende y por tanto está en el aire, de modo que si con derecho, el muchacho se refería a capacidad de acceso, estaba pidiendo algo que siempre ha existido, ya que el ser humano, por el mero hecho  de existir, cultiva, es decir, recibe la cultura. Para que me entiendan, sería como reclamar el derecho a respirar.

Me resulta inquietante, entonces, la idea de que alguien pueda determinar lo que es cultura y lo que no. En base a la falsa creencia de que debe existir un mecanismo que dicte la cultura y la distribuya, se creó el Ministerio de Cultura, que nos dice qué peliculas tenemos que ver, qué libros leer o qué directores subvencionar con el dinero de todos, o con el dinero de nadie, como diría una antigua titular de este entramado. Es una idea peligrosa, máxime cuando sus acciones suelen estar orientadas a la corrección política, la censura o el adoctrinamiento de la población. Todos los esfuerzos por destruir racionalmente está idea serán fácilmente rechazados, pues el estado siempre se inventará un derecho para justificar su presencia en cada resquicio de la sociedad. Si no me creen, pregúntense por qué no puedieron votar la ley Sinde o por qué la película Saw VI fue calificada de película X para que no pudiera entrar en los cines convencionales.

La Ley Sinde-mocracia

El Gobierno hace, una vez más, gala de su paternalismo, por decirlo dulcemente.  La Unión Europea -¡menos mal!- ya deslegitimó el canon digital, que cobraba por utilizar recursos digitales (como CD’s, DVD’s, discos duros, etc.) sean o no utilizados en perjuicio de los derechos de propiedad intelectual (derechos, por cierto, desmedidos; y, si no, analicemos la SGAE). Y, aún así, tenemos que soportar a artistas recalcitrantes, como Bardem, afirmar que «se está produciendo un robo hacia los artistas». ¿No será al contrario?

No contenta con la decisión de la UE, Sinde, la ministra de incultura, ha preparado una «Ley» (que entrecomillo porque, más bien, se trata de un mandato) para, en definitiva, poder cerrar cualquier página web que el Gobierno estimara oportuno. Se trata, por tanto, de un intento de domeñar, subyugar, controlar y someter uno de los únicos resquicios de libertad que permanecen vivos: Internet. Personalmente, Internet es el único medio a través del que puedo obtener una información ecuánime, ampliada y personalizada, cosa que dudo que se mantenga si la susodicha ley se hubiese aprobado.

Actualmente, todos los gobiernos del mundo moderno ven en internet una amenaza, que quieren convertir en oportunidad, controlándolo. Como hemos visto, con Wikileaks, se ha demostrado que la soberanía popular (o internet) siempre termina imponiendo su criterio y, normalmente en democracia, los gobernantes deben aceptarlo, pues se trata del gobierno del pueblo, aunque sabemos que en la práctica el sistema es más oligárquico que otra cosa.

Veo un cierto paralelismo entre el caso de Assange, el presidente de Wikileaks, y el de la Ley Sinde. En los dos casos se trata de un atropello a la libertad, concretamente hacia internet: mientras que los gobiernos han intentado aherrojar, encarcelar a Assange por revelar la verdad, el español ha hecho lo propio vedando la libertad de los internáutas; además, en los dos casos, los gobiernos han fracasado, pues Assange está en libertad y los españoles también (el mandato fue rechazado por el Congreso; el Senado tendrá, ahora, la última decisión). Por tanto, estamos, últimamente, sufriendo un intento de cierto liberticidio por parte de los gobiernos, aunque, de momento, la libertad permanece incólume. Veremos lo que acontece próximamente.

En mi opinión, dados los objetivos fracasos de la señora Sinde (efectivamente, Sindemocracia), como el canon digital y su mandato, debería presentar su dimisión y aceptar cortésmente la derrota, por parte tanto de Europa, en un caso, como de España en otro.